La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, ha asegurado hoy en el Parlamento Vasco que “la democracia es y debe ser capaz de reconocer a todas las víctimas de ejecuciones extrajudiciales y actuaciones antidemocráticas, también las producidas en la retaguardia republicana durante la guerra civil”.
La sailburu ha pronunciado estas palabras al ser interpelada por Carmelo Barrio, portavoz del Grupo Vasco Popular-C´s, sobre los planes del Gobierno Vasco relacionados con la restauración o rehabilitación de la Cruz de Barakaldo.
En su respuesta, la sailburu ha señalado que ese tipo de actuaciones son “una competencia municipal”, según el proyecto de Ley de Memoria Histórica y Democrática de Euskadi.
“El proyecto establece que, en el ejercicio de sus competencias, las administraciones locales de Euskadi son las encargadas de adoptar las medidas necesarias para proceder a la retirada de todos los elementos contrarios a la memoria histórica de su localidad”, ha destacado Artolazabal.
La Cruz del Cabo Quilates, en Barakaldo fue derribada la noche del pasado 22 de marzo por la organización juvenil Ernai en el marco de una campaña violenta que perseguía la retirada de todos los símbolos franquistas de los espacios públicos. En concreto, el Cabo Quilates era un navío que se encontraba fondeado en el puerto de Bilbao cuando comenzó la Guerra Civil y fue utilizado por las tropas republicanas como buque prisión en la dársena de Portu.
Como ya hizo en su momento, Artolazabal ha aprovechado la sesión de control parlamentario para reiterar su condena “sin paliativos” al derribo de esa cruz, así como otras acciones similares llevadas a cabo por Ernai. “Denunciamos cualquier tipo de sabotaje, toda actuación que no se haga de manera democrática, con luz y taquígrafos, y en base a acuerdos municipales, así como todas las actuaciones realizadas a través de la imposición y la violencia”, ha asegurado la sailburu.
En este sentido, Artolazabal ha destacado que “los municipios vascos están retirando todos los símbolos franquistas con criterios históricos y democráticos, en colaboración con el Instituto Gogora del Gobierno vasco”. “En base a esos mismos criterios, en determinados casos la resignificación de esos símbolos o lugares de memoria, es una opción especialmente razonable”, ha concluido la consejera.
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