La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, ha dado cuenta hoy en la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Justicia de su gestión penitenciaria y de la implementación del modelo penitenciario vasco a petición del representante del Partido Popular-Ciudadanos, Luis Gordillo.
En su respuesta, la consejera ha actualizado los datos de los centros penitenciarios que, a fecha de hoy, cuentan con una población privada de libertad de 1.562 personas, de las que 1.381 son penadas y 181 preventivas. De ellas, 441 personas están sujetas a distintas modalidades de tercer grado. Precisamente, sobre este aspecto, ha informado de que en este año se ha permitido la progresión de más de medio millar de personas.
“En apenas un año”, ha dicho Beatriz Artolazabal, “se ha podido progresar a tercer grado penitenciario a más de 500 personas, lo cual nos acerca al 40% que nos propusimos como objetivo”. La consejera se refería así a las políticas de semilibertad desarrolladas en los países nórdicos, a quienes, como ha dicho en su intervención, mira el Gobierno vasco.
Asimismo, ha explicado las complicaciones derivadas por el incremento de la población interna que en enero de 2021 era de 1.290 personas y ahora cuenta con 1.562. “Hay varias razones. La primera es que ingresa un mayor número de personas de las que se excarcelan; antes, estas situaciones se resolvían distribuyendo a buena parte de la población reclusa en otras comunidades autónomas. La segunda es que el flujo de traslados entre Euskadi y el Estado es menor que del Estado hacia nuestros centros penitenciarios”.
Artolazabal ha dicho que el incremento de la población penitenciaria “no ha impactado negativamente en las condiciones de vida o en las posibilidades de tratamiento de las personas internas”. Pero sí ha reconocido que “limita la posibilidad de asumir todos los traslados de personas penadas que solicitan cumplir la pena en Euskadi”. Por todo ello, “ello nos obliga a priorizar en función de diversos criterios como el arraigo, enfocado a las posibilidades de reinserción en el entorno”, entre otras cuestiones.
A lo largo de su intervención, la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales ha hecho un repaso al primer año de gestión penitenciaria del Gobierno Vasco, desde que asumiera la transferencia el 1 de octubre de 2021. Se ha referido a la herencia recibida con “limitaciones de infraestructuras y un dimensionamiento de la plantilla que pronto se pusieron de manifiesto, como ya habíamos intuido al firmar la transferencia”. También ha hablado de la plantilla y los acuerdos con Acaip-UGT, el sindicato mayoritario, o sobre la bolsa de trabajo que prevé incorporar a 60 personas antes de que acabe el año.
La consejera Artolazabal ha concluido su intervención recordando que “un modelo penitenciario como el que se pretende no puede hacerse con cortedad de miras; requiere años de esfuerzo y pedagogía”.
Estrategia de Justicia Restaurativa 2022-2025
Posteriormente, y a petición propia, Beatriz Artolazabal ha dado cuenta a la Comisión Parlamentaria de la Estrategia de Justicia Restaurativa 2022-2025, que es uno de los ejes del Plan Estratégico de Justicia 2022-2028.
La consejera ha comenzado su intervención compartiendo la definición de Justicia Restaurativa que habla de que “el proceso permite a las personas dañadas por el delito y a las responsables del daño a participar activamente en la resolución de las consecuencias resultantes del delito con la ayuda de una tercera persona independiente y cualificada”. En este argumento, ha dicho que “los valores y herramientas de la Justicia Restaurativa serán las claves de nuestro sistema de ejecución de penas”.
Artolazabal ha señalado que “los mecanismos de Justicia Restaurativa están afincados en Euskadi” y ha aportado algunas cifras: el Servicio de Justicia Restaurativa, que trabaja por derivación judicial, recibe cerca de 1.400 casos al año, de los que la mitad terminan con procesos restaurativos; el Servicio de Asistencia la Víctima (SAV) atiende a alrededor de 3.000 personas al año; y el Servicio de Gestión de Penas y Medidas alternativa a la prisión gestiona una media anual de 6.000 medidas de Trabajos en Beneficio de la Comunidad (TBC) y suspensión de las condenas. “Además está el servicio de Justicia Juvenil, donde casi un tercio de los casos se resuelven mediante acuerdos restaurativos”, ha apuntado la consejera.
En lo que se refiere al trabajo en los centros penitenciarios vascos, Artolazabal ha dicho que, a finales de este año, un grupo o foro de trabajo formado por personas expertas “comenzará su trabajo, mapeando los servicios existentes”. “Hemos empezado ya a dar pasos en el desarrollo de la estrategia. Dentro del ámbito penitenciario queremos impulsar tanto programas generalistas dirigidos a todo tipo de delitos como otros especializados en los procesos de macro-victimización”, ha dicho.
“A lo largo de este año hemos realizados diversas jornadas informativas con Judicatura, Fiscalía y Abogacía en los diferentes partidos judiciales y las capitales. Además, documentales de la televisión pública vasca han difundido la Justicia Restaurativa y los Servicios de Asistencia a las Víctimas”, ha enumerado. No obstante, ha recordado que todo el proceso se llevará con la “más absoluta discreción” pese al “interés mediático”. “Los procesos se realizarán al margen de los medios y del debate público”, ha sentenciado.
Por último, la consejera Beatriz Artolazabal se ha dirigido a la Comisión para reiterar que la Estrategia de Justicia Restaurativa 2022-2025 es “un documento vivo, abierto, flexible y cambiante en función de sus resultados y de los posibles cambios legislativos que pudieran darse en esta materia”.
