· El texto apela al conjunto de la sociedad e instituciones vascas a poner sus capacidades y recursos al servicio de los retos globales en alianza con agentes del Sur; entre otros, a los medios de comunicación, las universidades o las organizaciones feministas
La nueva Ley de Cooperación y Solidaridad entrará en vigor mañana, 1 de marzo, tras haber sido publicada hoy en el Boletín Oficial del País Vasco. La norma destaca por el consenso alcanzado por instituciones, entidades sociales y Parlamento Vasco y es el resultado de una visión conjunta y compartida de la cooperación y la solidaridad vascas.
El consenso alcanzado es reflejo del proceso de elaboración, en el que han participado diversos agentes como las administraciones públicas vascas y estatales, la Coordinadora de ONGD de Euskadi, academia, centros tecnológicos, organizaciones feministas, colectivos LGTBI+, asociaciones de personas migradas, agencias de las Naciones Unidas o agentes educativos, entre otros.
Principales novedades
Con el fin de favorecer la corresponsabilidad y las alianzas entre distintos niveles institucionales y sociales, la nueva Ley convoca al conjunto de la sociedad vasca y a sus instituciones, junto a agentes del Sur, a poner sus capacidades y recursos al servicio del desarrollo humano, la justicia global, la democracia, los derechos humanos y la paz.
Además de las instituciones y organizaciones especializadas en la materia, las universidades, medios de comunicación y los colectivos feministas son algunos de los agentes a los que menciona.
Entre las principales novedades, está el establecimiento de un marco común para el conjunto del sector público vasco en sus tres niveles. Asimismo, el texto introduce la coherencia de políticas para el desarrollo sostenible con un doble objetivo; por un lado, para que las administraciones consideren los impactos de sus políticas en los países del Sur y en las futuras generaciones, y, por otro, para crear mecanismos de coordinación y colaboración interinstitucional.
Con el fin de mejorar la gestión de las actuaciones de cooperación y adaptarse a las realidades de los países con los que se coopera, la ley prevé establecer normas especiales y procedimientos específicos que permitan una gestión más ágil y simplificada.
Además, la ley recoge que el sector público vasco comparte el objetivo común de destinar el 0,7 % de la renta nacional bruta a la ayuda oficial al desarrollo.
Objetivo
El objetivo de la ley es impulsar el desarrollo humano y la sostenibilidad; transformar las causas estructurales que generan pobreza y exclusión; luchar contra las desigualdades, por los derechos humanos y la justicia global. Además, pretende promover sociedades libres, democráticas, pacíficas e inclusivas, así como un cambio de valores en la sociedad, e impulsar la movilización social para alcanzar esos objetivos.
Finalmente, el nuevo texto pretende servir para fortalecer a las organizaciones sociales tanto de Euskadi como de países del Sur.
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