El Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales y los tres Colegios de la Abogacía vascos han firmado un convenio para el desarrollo de actuaciones de orientación y asistencia jurídica penitenciaria que se ofrecerá a personas internas en régimen cerrado y ordinario en los centros penitenciarios de Euskadi.
El acuerdo se prolongará durante los próximos cuatro años y contará con una dotación para 2024 de 342.984 euros. En 2023 la partida era de 160.992 euros.
El convenio se centra en proporcionar un primer consejo orientador y gratuito a las personas privadas de libertad sobre cuestiones de naturaleza jurídica, pero no se podrá intervenir en los procedimientos judiciales que ya estén abiertos.
En este sentido, y amparadas por este convenio, las personas internas podrán recibir información sobre los requisitos necesarios para acceder a esta asistencia jurídica. Así, se les puede orientar en el contenido del ordenamiento jurídico penitenciario (clasificaciones, procedimientos sancionadores, permisos, traslados…), o ayudar en la interposición de escritos y recursos ante las autoridades penitenciarias y el Departamento de Justicia, e incluso en la representación y defensa de las personas internas en los procedimientos judiciales que correspondan ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.
Las actuaciones se llevarán a cabo en horario de tarde en días laborables. Cada jornada se contará con la asistencia de un letrado o una letrada del turno de asistencia legal penitenciaria en cada Centro Penitenciario (Araba, Bizkaia y Gipuzkoa).
Por su parte, la Dirección de Justicia del Gobierno Vasco realizará evaluaciones con las personas internas sobre el grado de satisfacción de los servicios prestados, cuyos resultados serán remitidos a los Colegios de la Abogacía. Mientras que estos elaborarán un informe trimestral que contendrá datos estadísticos sobre las personas internas atendidas y la tipología de las consultas y asistencias realizadas, entre otros compromisos.
Por último, el acuerdo firmado entre el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales y los Colegios de la Abogacía vascos recoge el compromiso adquirido por ambas partes de celebrar unas jornadas sobre materia penitenciaria de forma rotatoria en cada territorio histórico en la que puedan participar todas las personas y entidades que tengan relación con el trabajo en el mundo penitenciario.
Una comisión mixta formada por tres personas designadas por el Gobierno Vasco y otras tres personas designadas por los Colegios de la Abogacía realizará el seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio, así como de los compromisos adquiridos por ambas partes.
A diferencia de otras comunidades autónomas, que no lo tienen, el Servicio de Asistencia Penitenciaria está activo en Euskadi desde 1987, cuando comenzó su andadura en Basauri, hoy Centro Penitenciario Bizkaia. Posteriormente, en 1989, la iniciativa se extendió a Martutene, hoy Centro Penitenciario Gipuzkoa, y al ya cerrado Nanclares de la Oca, hoy reubicado en el Centro Penitenciario Araba. Pero hasta la fecha no había una herramienta que estableciera las condiciones y directrices de la colaboración entre la Administración Penitenciaria de Euskadi y los Colegios de la Abogacía, que es lo que facilita el nuevo convenio.
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