- La actuación, con una inversión total de casi 4 millones de euros, se está desarrollando en dos fases y permitirá sustituir más de 700 cámaras analógicas por tecnología de última generación
- La consejera San José ha destacado la mejora de la seguridad, tanto de las instalaciones como de las personas usuarias, que supone esta actuación
El Departamento de Justicia y Derechos Humanos ha puesto en marcha un plan integral de modernización del sistema de vigilancia de los edificios judiciales de la Comunidad Autónoma de Euskadi con el objetivo de reforzar la seguridad de las instalaciones y de las personas usuarias. Con una inversión cercana a los 4 millones de euros se ha actualizado ya el circuito cerrado de televisión (CCTV) y se van a sustituir en los próximos meses más de 700 cámaras de videovigilancia.
La consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, junto al viceconsejero de Justicia, Alfonso Gómez, y diversos responsables de su departamento han visitado hoy el centro de control ubicado en el Palacio de Justica de Albia (TSJPV) en Bilbao. Tras más de dos décadas de funcionamiento, el anterior sistema de videovigilancia analógico había alcanzado el final de su vida útil, dificultando el mantenimiento por la falta de repuestos y limitando las capacidades de control al carecer de tecnologías actuales de análisis y gestión de imágenes.
Ante esta situación, la Dirección de Justicia Digital e Infraestructuras ha diseñado un nuevo sistema de videovigilancia basado en tecnología IP, cuya implantación se está desarrollando en dos fases. Las cámaras están destinadas a garantizar la seguridad en los edificios judiciales, permitiendo el control de accesos, la detección y gestión de incidencias, la prevención de actos vandálicos o delictivos y la protección tanto de profesionales como de personas usuarias. Además, las nuevas cámaras incorporarán analíticas avanzadas que facilitarán la identificación de incidentes y la gestión de emergencias.
Primera fase, ya ejecutada
Con un presupuesto de 1,18 millones, la primera fase ya ejecutada ha supuesto la modernización del centro de control ubicado en el Palacio de Justicia de Albia (TSJPV) en Bilbao, así como la renovación de los servidores grabadores en los 18 edificios judiciales de los tres territorios históricos.
El centro de control, operativo 24 horas al día, ocupa una superficie de 72 m² y está preparado para el trabajo simultáneo de varios operadores. La actuación ha incluido la instalación de cuatro estaciones de trabajo con CPUs especializadas, ocho monitores de 27 pulgadas y un video wall de 4 pantallas de 98 pulgadas. El cambio tecnológico se llevó a cabo garantizando en todo momento la operatividad del sistema anterior, lo que supuso una especial complejidad técnica.
Segunda fase, en tramitación
La segunda fase implicará la sustitución progresiva de más de 700 cámaras analógicas por nuevas cámaras IP en los palacios de justicia de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. Estas deberán integrarse plenamente con la infraestructura ya modernizada. Actualmente en fase de licitación, contará con una dotación presupuestaria de 2,8 millones de euros. Se prevé que los trabajos de sustitución puedan completarse a lo largo de 2026, dado el volumen y la complejidad de la actuación.
Euskadi, a la vanguardia
El uso de tecnología IP en los circuitos cerrados de televisión es una tendencia en expansión en distintas comunidades autónomas. Sin embargo, el proyecto de Euskadi destaca por su alcance integral, al abarcar todos los palacios de justicia de los tres territorios históricos, su magnitud, con más de 700 cámaras a instalar, y su dotación presupuestaria cercana a los 4 millones de euros. De esta forma, Euskadi se sitúa en la vanguardia en la modernización de la videovigilancia judicial en España.
Tal y como ha asegurado la consejera de Justicia, “con este proyecto damos un paso decisivo en la modernización tecnológica de los edificios judiciales, reforzando la seguridad y garantizando un servicio más eficaz y adaptado a las necesidades actuales”. En este sentido, San José ha recordado que la justicia “es un servicio público esencial al servicio de la ciudadanía, y en ese objetivo se enmarca esta modernización”.
