El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy, a propuesta de la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, el acuerdo de la Mesa Sectorial de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi relativo a los horarios y condiciones de trabajo específicas del personal que presta servicios en la Administración Penitenciaria Vasca. El acuerdo cuenta con un presupuesto de 2.745.900 euros.
La aprobación de este acuerdo, que tendrá una vigencia de cinco años, supone un avance en la consolidación del Modelo Penitenciario Vasco porque mejora las condiciones laborales del personal, garantiza la adecuada prestación del servicio y refuerza un sistema penitenciario basado en los derechos humanos, la dignidad y la reinserción social. Implica gestionar a más de 800 personas trabajadoras y atender a unas 1.700 personas reclusas en los tres centros penitenciarios.
Este acuerdo da luz verde al texto suscrito el 15 de julio pasado entre la Administración y las organizaciones sindicales ACAIP-UGT y CCOO, que ratificaba el preacuerdo alcanzado en la Mesa Delegada del 8 de julio en materia de organización del tiempo de trabajo y regulación de diversos aspectos laborales del personal penitenciario.
El documento aprobado regula aspectos esenciales para la prestación del servicio en los tres centros penitenciarios vascos. Entre ellos se incluyen la jornada laboral anual y los horarios del área directiva sujeta a turnos de incidencias, así como los correspondientes a las áreas de servicios, gestión, tratamiento y al personal de seguridad y convivencia. También se contemplan cuestiones como la prolongación de jornada, el trabajo en días festivos para el personal con turnos, las vacaciones y los permisos.
Asimismo, se establecen complementos específicos, como el de especial responsabilidad y dedicación, el de especial peligrosidad para el área de interior y los módulos de régimen cerrado y departamentos especiales, así como el complemento por trabajo en horario nocturno, entre otros. El documento también define la formación, la prevención de riesgos laborales, la normalización del euskera y los planes de igualdad y no discriminación. Finalmente, se regula el régimen de viviendas ubicadas en los centros penitenciarios.
