- Habrá 130.000 folletos informativos en juzgados y servicios jurídicos del País Vasco, con el fin de facilitar el acceso a la información legal de forma clara y accesible, en euskera y castellano
El Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco ha lanzado una campaña para informar de los derechos legales a la ciudadanía. Con esta iniciativa, el Departamento de María Jesús San José refuerza su compromiso con una justicia accesible, garantista y cercana, que asegure que todas las personas conozcan y puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones. La campaña consiste en la distribución de 130.000 folletos en los palacios de justicia de Euskadi dirigidos tanto a personas investigadas por un delito, como a quienes han sido perjudicadas u ofendidas por un delito.
Se han editado 50.000 ejemplares del folleto dirigido a personas investigadas y 80.000 del tríptico para personas perjudicadas u ofendidas por un delito. Los dos trípticos están disponibles en euskera y castellano, e incluyen un código QR que permite acceder a información ampliada. Los folletos se han distribuido en los Juzgados de Menores, las Fiscalías provinciales, los Juzgados de Instrucción y de Primera Instancia e Instrucción, los Servicios de Asistencia a las Víctimas (SAV), el Servicio de Orientación Jurídica (SOJ) y los Servicios Centrales de Justicia. Además, pueden descargarse desde el portal de publicaciones del Gobierno Vasco:
El viceconsejero de Justicia, Alfonso Gómez, ha destacado que esta campaña informativa tiene como objetivo acercar el conocimiento de los derechos a las personas implicadas en un proceso judicial. “Desde el Departamento de Justicia y Derechos Humanos queremos garantizar que cualquier persona, ya sea víctima o investigada por un delito, conozca sus derechos desde el primer momento, de forma clara y accesible”, ha señalado. Además, ha subrayado la importancia de ejercer esos derechos, recordando que la Justicia es un servicio público que debe estar al alcance de todas las personas. “Los derechos son la columna vertebral de la democracia. Su defensa es esencial para construir una sociedad más justa, igualitaria y cohesionada”.
Lenguaje claro y accesible
Ambos folletos están redactados en un lenguaje claro y accesible, y estructurados a partir de preguntas frecuentes que pueden surgir en estos procesos. El tríptico ‘Tus derechos como persona perjudicada u ofendida por un delito’ recopila los derechos recogidos en el artículo 776 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, e incluye derechos como interponer una denuncia, personarse en el procedimiento, solicitar una indemnización por los daños sufridos, acceder a asistencia jurídica gratuita, recibir orientación a través de los Servicios de Asistencia a las Víctimas (SAV) y, en determinados casos, pedir ayudas públicas cuando se trate de delitos intencionados, violentos o contra la libertad sexual.
Por su parte, el folleto ‘Tus derechos como persona investigada por un delito’ recoge los derechos reconocidos en los artículos 188 y 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, así como en el artículo 22 de la Ley Orgánica Reguladora de la Responsabilidad Penal de las Personas Menores de Edad. Entre estos derechos se encuentran: ser informada de los hechos que se le atribuyen, guardar silencio total o parcial durante un interrogatorio, no reconocerse como culpable, examinar con antelación la documentación del caso antes de declarar, contar con defensa letrada —ya sea de libre elección o designada de oficio—, y solicitar asistencia jurídica gratuita a través del Servicio de Orientación Jurídica (SOJ). También se garantiza el derecho a disponer de intérprete y traducción de los documentos esenciales si no se entiende el idioma, así como, en caso de detención, comunicar el motivo y el lugar a una persona de confianza o a la representación consular.
En el caso de personas menores de edad, se reconocen además derechos específicos, como la presencia de quienes ejercen su cuidado durante la detención, salvo que las circunstancias lo desaconsejen; el acompañamiento del equipo técnico adscrito al Juzgado de Menores —formado por profesionales de la psicología, el trabajo social o la educación—; y el derecho a ser escuchadas por la jueza o el juez de menores antes de que se adopte cualquier decisión que les afecte directamente.