El Departamento pretende poner a la víctima en el centro y facilitar el acceso a este servicio público esencial
La consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, ha avanzado hoy que el Departamento que dirige está valorando elaborar una ley en materia de Justicia restaurativa y métodos alternativos para la resolución de conflictos con el objetivo de poner a la víctima en el centro y facilitar a la ciudadanía el acceso a este servicio público esencial.
Durante el pleno de control de la Cámara Vasca, y a preguntas del parlamentario socialista Pau Blasi, la consejera se ha referido a la nueva Ley Orgánica de Medidas en materia de Eficiencia del Servicio Público de la Justicia impulsada por el gobierno de Pedro Sánchez, y con la que se pretende dar un salto en la modernización del sistema judicial.
San José ha considerado esta nueva ley profundamente transformadora, y ha revelado que, aprovechando el campo que nos ofrece, se está valorando la posibilidad de contar con “una regulación propia en Justicia Restaurativa y soluciones alternativas que tenga en cuenta nuestra experiencia previa”. La consejera ha reconocido que, aunque no está contemplado en el calendario legislativo del ejecutivo, se están creando ya grupos de trabajo “para explorar” la elaboración de una ley vasca. En este sentido, ha explicado que Navarra ya cuenta con una, y que Cataluña trabaja también en esta vía.
“Así que no nos conformamos con la gestión de la Ley de Eficiencia. Vamos a ver si podemos mejorarla desde nuestras competencias con el mismo objetivo compartido: un servicio público de Justicia más ágil, accesible, igualitario y resolutivo, que es el ADN de la propia Justicia”, ha insistido.
Normas transformadoras
La consejera ha explicado que la Ley de Eficiencia, junto con la del Derecho de Defensa, son dos normas básicas, profundamente transformadoras, que pretenden “corregir los defectos estructurales de los que todos nos venimos quejando con razón”. Porque, como ha reconocido, “una Justicia lenta deja de ser Justicia, y una Justicia inaccesible por dificultades de lenguaje, tecnológicas o físicas deja de ser igualitaria y no cumple su función de resolver los conflictos”.
Y la manera de corregirlo, ha añadido la consejera, “es desde el concepto del Servicio Público, porque solo los servicios públicos garantizan más derechos y nos hacen más iguales. Pero debemos ir más allá, fomentando la existencia de soluciones terapéuticas que no añadan daño al conflicto, y con alternativas a la judicialización de la vida”. San José ha considerado que para ello es necesario aportar a los operadores jurídicos los medios y la formación para hacerlo posible. “Es lo que permitirá que la Justicia, en cualquiera de sus formas, restañe las heridas y dé salida a los intereses en conflicto”.
Impulsar medios alternativos de solución supone garantizar el acceso a la Justicia sin que sea necesario pasar por un tribunal. La consejera ha recordado que “nuestra justicia restaurativa está en estos momentos en unos niveles de reconocimiento internacional muy elevados”, y ha apuntado que el próximo año el Departamento va a reforzar la apuesta con un incremento del 46,7% en la partida presupuestaria.
