El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy, a propuesta de la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, una convocatoria de ayudas económicas destinada a las personas que quieran preparar oposiciones a las carreras judicial y fiscal, así como al cuerpo de letrados de la Administración de Justicia. Con una dotación de 264.000 euros, se financiarán 36 becas en 2027 para hacer frente a sus gastos de preparación y facilitar el acceso a estas profesiones.
Se trata de una convocatoria dirigida a personas licenciadas o graduadas en Derecho con el objetivo de reducir los obstáculos económicos que puedan dificultar el acceso a las profesiones judiciales y favorecer que la incorporación a las carreras judicial y fiscal y al cuerpo de letrados de la Administración de Justicia se produzca en condiciones efectivas de igualdad, mérito y capacidad, con independencia de la situación económica de las personas aspirantes.
El programa, dotado con 264.000 euros, ofrece 36 becas de 7.332 euros anuales, distribuidos en 611 euros mensuales, para hacer frente a los gastos derivados de la preparación de las oposiciones. La cuantía individual se incrementa así en 732 euros respecto a la convocatoria de 2026, cuando las ayudas eran de 6.600 euros anuales.
El ajuste del número de becas, que pasa de 40 a 36, responde a la demanda efectiva registrada en las convocatorias anteriores y permite reforzar la cuantía individual de las ayudas, optimizando los recursos disponibles y aumentando el apoyo económico a las personas opositoras.
Las ayudas están destinadas a contribuir a los gastos vinculados a la preparación de las oposiciones, entre ellos los correspondientes a centros especializados o personas preparadoras, material didáctico, desplazamientos, alojamiento o manutención relacionados con los exámenes.
Con esta línea de ayudas, el Departamento de Justicia y Derechos Humanos busca favorecer la igualdad de oportunidades y evitar que la situación económica constituya una barrera para acceder a las profesiones jurídicas, contribuyendo al mismo tiempo a la incorporación de profesionales cualificados a la Administración de Justicia.
El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a partir del día siguiente de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del País Vasco y deberá tramitarse exclusivamente de manera electrónica.