- El VI Plan de Justicia Juvenil 2025-2029 contempla más de 30 medidas educativas, socioeducativas y de prevención y reinserción de las personas menores
La consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, ha presentado en el Consejo de Gobierno el Plan de Justicia Juvenil de la CAPV para el periodo 2025-2029. Se trata del sexto que se aprueba desde que Euskadi asumió la competencia sobre la materia en 1996. Es el principal marco estratégico para garantizar la prevención de delitos, los derechos de las personas menores infractoras de entre 14 y 18 años y su reinserción.
La consejera ha detallado las líneas generales del Plan, que consolidan las acciones del anterior y responden a las conclusiones de la evaluación presentada por San José el pasado diciembre en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Parlamento Vasco.
El VI Plan se fundamenta en los principios de coordinación interinstitucional, transparencia y rendición de cuentas, atención individualizada, prevención y reinserción y evaluación continua. Además, incluye más de 30 acciones que se estructuran en cuatro líneas estratégicas que dan continuidad y profundizan en el camino iniciado en el plan anterior.
La primera línea estratégica se centra en la prevención de conductas transgresoras, mediante acciones orientadas a la detección temprana de factores de riesgo, al fortalecimiento del bienestar de la infancia y la adolescencia y al impulso de la justicia restaurativa.
La segunda línea apuesta por la integración de políticas públicas, coordinando acciones entre instituciones públicas, entidades y otros agentes que intervienen en el ámbito de la justicia juvenil. La tercera se orienta a mejorar la calidad de la intervención a través de programas basados en la evidencia, en la revisión de protocolos, la adaptación a perfiles diversos y la formación especializada de los y las profesionales.
Finalmente, el Plan refuerza la responsabilidad pública y el modelo de gestión. A pesar de que la gestión de las actuaciones en materia de justicia juvenil corresponde a la Dirección de Justicia del Departamento de Justicia y Derechos Humanos, éstas se desarrollan de manera coordinada junto a otros departamentos y entidades público-privadas.
Objetivos del Plan y coordinación conjunta
El VI Plan de Justicia Juvenil combina medidas educativas, socioeducativas y de reinserción adaptadas a las necesidades de cada menor. Sus nueve objetivos estratégicos mantienen un enfoque integral y adaptativo, y tienen como finalidad seguir mejorando el sistema de justicia juvenil. En concreto, los objetivos son los siguientes: disminuir los plazos de inicio de las ejecuciones; incrementar el acceso a la justicia restaurativa; revisar y unificar los protocolos de los centros de cumplimiento de medidas para atender situaciones de vulnerabilidad; adecuar las respuestas a los perfiles y contextos de las personas usuarias; detectar factores de riesgo y de protección en el ámbito social y educativo; abordar, desde la responsabilidad de cada administración, los factores desfavorables que influyen en la reincidencia; ofrecer formación especializada a los agentes involucrados; mejorar la recogida de información sobre la persona usuaria, y, por último, coordinar con el resto del tejido institucional.
La justicia juvenil en Euskadi se basa en la intervención pública con carácter educativo, no únicamente en la sanción penal, y se orienta a la responsabilización de las personas menores que han cometido un delito y a su reinserción. Desde esa perspectiva, la coordinación entre departamentos es un elemento clave para prevenir conductas delictivas y salvaguardar el bienestar de la infancia y la adolescencia. Esta coordinación sirve para construir itinerarios personalizados de inserción social y laboral, fortalecer los entornos familiares y comunitarios y desarrollar un modelo de justicia juvenil coherente, sostenible y centrado en la persona menor.
Aunque la política pública de justicia juvenil en Euskadi está liderada por el Departamento de Justicia y Derechos Humanos, la implementación de las medidas afecta también a otras áreas. Así, el VI Plan incluye acciones que implican a los departamentos de Seguridad; Salud; Economía, Trabajo y Empleo; Educación, y Bienestar, Juventud y Reto Demográfico.
Asimismo, este plan se integra en el Programa de Gobierno de la XIII Legislatura, en el eje dedicado a convivencia, memoria y derechos humanos, y se conecta con otros planes estratégicos como el Plan Estratégico de Justicia, el V Plan Joven, el Plan de Salud 2030, la Estrategia Vasca de Inmigración o la Estrategia 2030 para la Igualdad.
Presupuesto y refuerzo en la red de centros
El Departamento de Justicia y Derechos Humanos dedicará más de 12,5 millones de euros a los servicios y programas de medio abierto, en los que las medidas judiciales se cumplen sin internamiento. En lo que respecta a los centros educativos, el centro público Ibaiondo, el único de nivel I y en el que se ejecutan las medidas más restrictivas, dispondrá de un presupuesto de casi 43 millones de euros.
Por su parte, los centros de nivel II y nivel III —gestionados por entidades sin ánimo de lucro— tendrán un presupuesto de 57,7 millones de euros. En cuanto a la seguridad, se prevé que la mitad de los 14,7 millones de euros destinados a esta partida se dirijan al centro Ibaiondo.
Para el periodo 2025-2029, el plan prevé una dotación suficiente de profesionales especializados tanto en los servicios de medio abierto como en los centros educativos. En el ámbito de medio abierto se establece una ratio de 1 profesional por cada 15 chicos y chicas, si bien la previsión de personal resulta superior. Así, Bizkaia contará con 16 profesionales, Gipuzkoa con ocho y Araba con cinco.
Por su parte, los centros educativos de justicia juvenil cuentan con equipos multidisciplinares que garantizan una atención integral y personalizada. Estos equipos están compuestos por personal de dirección y administración, personal técnico y de coordinación, educadoras y educadores, profesorado y personal de servicios auxiliares.
En el caso de Ibaiondo, por ejemplo, para 39 plazas, la dotación se compone de cinco personas en dirección y administración, dos profesionales de la psicología, dos de trabajo social, 65 educadores y educadoras, 13 docentes y personal de servicios auxiliares de vigilancia, cocina, limpieza y mantenimiento.
Los centros educativos gestionados por entidades sin ánimo de lucro, los menos restrictivos de nivel II y III, adaptan su personal a la capacidad y necesidades de cada centro.
Nuevas tendencias
La evaluación del V Plan de Justicia Juvenil, realizada el año pasado por el Instituto Vasco de Criminología de la EHU, ha servido de base para la elaboración del VI Plan de Justicia Juvenil y ha puesto de relieve resultados positivos del modelo vasco de justicia juvenil.
Entre ellos destaca la disminución de la reincidencia, que en la actualidad se sitúa en un 11%, frente al 13% al finalizar el plan anterior. Este dato refuerza la eficacia de una intervención de carácter educativo, restaurativo y responsabilizador.
Durante el periodo 2020-2024 se registraron 11.751 infracciones cometidas por menores, de las cuales 9.784 correspondieron a delitos —principalmente hurtos, lesiones y violencia doméstica y de género— y 1.967 a delitos leves. Como consecuencia, se aplicaron 3.611 medidas, de las cuales el 75% fueron de cumplimiento en medio abierto, destacando la libertad vigilada, los internamientos, las prestaciones en beneficio de la comunidad y las tareas socioeducativas. En el mismo periodo se dictaron 2.738 sentencias condenatorias, frente a 222 absolutorias.
El perfil de las personas menores infractoras muestra que la mayoría son varones de 16 y 17 años, que cometen su primer hecho delictivo, con predominio de personas menores nacidas en la Comunidad Autónoma Vasca.
La evaluación muestra también la importancia de la justicia restaurativa. Durante el periodo, se realizaron 2.470 mediaciones, de las cuales el 73% tuvieron un resultado positivo. Se trata de un mecanismo que promueve la responsabilización, la reparación del daño y el compromiso personal de los y las menores.
Entre los principales logros del V Plan destacan la eficacia en la ejecución de medidas, la mejora en la escolarización y la formación profesional de las personas menores, la atención individualizada basada en criterios de proporcionalidad y calidad educativa y la formación continua de los y las profesionales.
Al mismo tiempo, persisten desafíos relevantes, como la influencia de las nuevas tecnologías en la transformación del perfil delictivo juvenil, el consumo de sustancias, el aumento de problemas de salud mental, los delitos relacionados con la libertad sexual, la falta de ocio estructurado y la precariedad familiar de algunas personas menores. Estos retos refuerzan la necesidad de mantener, en los próximos años, un enfoque integral que combine prevención, intervención educativa y acompañamiento psicosocial.