- Se persigue la accesibilidad plena a la justicia, que nadie renuncie a defender sus derechos, en este caso por cuestiones económicas
- La cifra se incrementa en 2,7 millones con respecto al ejercicio pasado
El Departamento de Justicia y Derechos Humanos destinará este año 20,7 millones de euros a la prestación del servicio público de asistencia jurídica gratuita para aquellas personas que carezcan de recursos para contratar este servicio. Se persigue de este modo la accesibilidad plena a la justicia, que nadie renuncie a defender sus derechos por cuestiones económicas.
A propuesta de la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, el consejo de gobierno ha autorizado hoy un gasto de 20,7 millones de euros para financiar el servicio de asistencia jurídica gratuita que prestan los letrados y letradas de los Colegios Profesionales de la Abogacía y de la Procuraduría de la Comunidad Autónoma del País Vasco en 2026.
La justicia gratuita es un derecho constitucional que beneficia mayoritariamente a las personas imputadas, detenidas o presas que carecen de recursos económicos suficientes para contratar los servicios particulares de una persona profesional de la abogacía. Está también recogido en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, así como en el Decreto 153/2018, de 30 de octubre, de asistencia jurídica gratuita.
En concreto, los colegios de la abogacía recibirán 17,6 millones para financiar el turno de oficio y de guardia, y 1,8 millones más para sufragar gastos de funcionamiento. Este ejercicio el importe que en 2025 se destinó a los medios adecuados de solución de controversias (MASC) se ha sumado a estas partidas. Este hecho responde a que, a partir de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, en el segundo trimestre de 2025 finalizó la subvención que recibían los Colegios de la Abogacía de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa para el cumplimiento de los medios adecuados de solución de controversias (MASC) ya que dejaba de ser un proyecto piloto. El importe no ejecutado de dicha subvención, alrededor de 360.000 euros, no se perdió, se transfirió a la partida de turno de oficio y de guardia y a la partida de gastos de funcionamiento con los siguientes importes:
- A Colegios de la Abogacía del País Vasco para turno de oficio y de guardia: 107.000 €
- A Colegios de la Abogacía del País Vasco para gastos de funcionamiento: 253.000 €
El objetivo era dar continuidad a las actuaciones realizadas en el ámbito de los MASC pero desde otras partidas presupuestarias, más acordes a la nueva situación. Dichos importes se han mantenido en las citadas partidas del presupuesto de 2026.
Por su parte, los Colegios de Procuradores recibirán 1 millón para el turno de oficio y 250.000 euros para gastos de funcionamiento. Esto ha supuesto que se haya incrementado el presupuesto en 2,7 millones respecto a 2025 para financiar este servicio.
Evitar renuncias por razones económicas
Garantizar el acceso al servicio público de la Justicia, su accesibilidad plena, es una de las prioridades del Departamento que dirige Maria Jesús San José, y evitar que nadie renuncie a defender sus derechos por cualquier razón, en este caso por cuestiones económicas. Asimismo, esta actuación viene a cumplir el objetivo recogido en el Programa de Gobierno de la actual legislatura para agilizar el reconocimiento del derecho de asistencia jurídica gratuita y dignificar el trabajo que realizan las y los profesionales de la abogacía, la procuraduría y los graduados sociales.